Salinas Pliego hace millones por adjudicación directa para dar Internet a la 4T

El amigo más rico del presidente Andrés Manuel López Obrador ha conseguido, a través de su empresa Total Play, 80 contratos para ser proveedor de Internet del gobierno federal. El 63% de esos pactos millonarios los consiguió sin competir con alguien.

Fuente: Emeequis

Ricardo Salinas Pliego, el magnate de medios de comunicación y amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha ganado millones de pesos con contratos de Internet para la llamada Cuarta Transformación a través de su compañía Total Play.

A pesar de que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ubica en 2021 a Total Play como el proveedor de telecomunicaciones con más quejas, la empresa del dueño de Grupo Salinas consiguió, sólo este año, al menos 80 contratos por 185 millones 456 mil pesos.

De esos contratos, la empresa de Salinas Pliego obtuvo 51 –el 63%– por adjudicación directa, es decir, no tuvo que concursar para demostrar que podía ofrecer el mejor servicio al mejor precio o que era la mejor opción en costo y beneficio para el Estado mexicano.

Simplemente le fueron otorgados a discreción, como un contrato con un valor de 77 millones 867 mil pesos que firmaron sus empleados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

Ese contrato millonario, foliado como SSPC/DGRMSOP/CT/01/2021, es para brindar el servicio de la Red Nacional de Telecomunicaciones del Centro Nacional de Información “Plataforma México 2021”, una base de datos de criminalística y de personal de Seguridad Pública en todo el país, que los agentes policiacos suelen criticar por su inestabilidad en la conexión a Internet y porque “se cae el sistema” frecuentemente.

En el documento, en poder de EMEEQUIS, se establece que la decisión de otorgar ese contrato vía adjudicación directa a la empresa de Salinas Pliego fue a petición del propio gobierno de México, pero los nombres, correos electrónicos, firmas, rúbricas, números telefónicos y extensiones de los servidores públicos detrás de esa solicitud están reservados por cinco años por supuestas razones de seguridad nacional.

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